El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió en su reunión del viernes abrir expediente a José Luis Escañuela, tal y como había solicitado el Consejo Superior de Deportes, por no ofrecer justificación sobre el destino de 600.000 euros al Observatorio y a la Fundación del Tenis, dos entes creados por el presidente de la Federación Española en 2010.

Se ha llegado a este punto después de que en octubre el CSD ordenara una auditoría de procedimientos cuando BDO, la empresa que fiscaliza para el Consejo a federaciones y clubes de fútbol, advirtiera una insuficiente justificación de esos 600.000 euros, que entiende el CSD que eran procedentes de dinero público (en 2010 la subvención fue de 1,9 millones de euros).

La RFET no ofreció esa información, tampoco en enero cuando los auditores se presentaron en Barcelona ni cuando la Subdirección de Inspección dio un ultimátum ese mismo mes.

La Ley del Deporte, en su artículo 36.2.E, dice que las federaciones “deberán someterse anualmente a auditorías financieras, y en su caso de gestión, así como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos”. Un artículo que la Federación asume en sus estatutos, por lo que el CSD colige que los estaría incumpliendo, en lo que constituiría una falta de carácter “muy grave”.

El Real Decreto de Disciplina Deportiva entiende que es una infracción muy grave, en su Art. 15.C “la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado”. Y de demostrarse podría conllevar una inhabilitación de entre dos meses y dos años, además de posibles responsabilidades patrimoniales por uso incorrecto de fondos públicos.

“Desde el principio, dije que Miguel Cardenal siempre lleva razón mientras sea secretario de Estado”, declaró ayer a AS Escañuela. La RFET presentará sus alegaciones, y está a la espera de que el Tribunal de Cuentas conteste a su petición de someterse voluntariamente a su examen. También Escañuela comparecerá en el Congreso (por petición de CiU, PSOE, PNV y Coalición Canaria) y hará pública la auditoría que encargó a Deloitte que, según un portavoz federativo, “avala las buenas prácticas con las cuentas y con empresas vinculadas”.